¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta en 2024?
Con la llegada de la campaña de la renta surge la pregunta anual sobre quién está obligado a presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior. En 2024 hay algunas novedades importantes que afectan a quién debe realizar este trámite. Este artículo ofrece una guía clara sobre los criterios que determinan esta obligación y las ventajas de cumplir con este deber fiscal.
Criterios para la obligación de declarar
En general, no están obligados a presentar la declaración de la renta aquellos cuyo total de rentas anuales, de cualquier fuente, sea inferior a los límites establecidos por la ley. Para el ejercicio fiscal de 2023, estos límites se han ajustado. Por ejemplo, los trabajadores por cuenta ajena que no superen los 15.000 euros anuales de varios pagadores, o aquellos que solo tienen un pagador y no exceden los 22.000 euros, están exentos. Sin embargo, si se obtienen ingresos adicionales por alquileres o inversiones que superen los 1.000 euros, esta exención no aplica y es obligatorio declarar.
Regla 1.ª
Regla 2.ª
Cualquier persona que supere los límites mencionados o que obtenga ingresos de otras categorías no sujetas a retención, como algunos tipos de alquileres o ganancias patrimoniales, debe presentar la declaración. Asimismo, los autónomos, independientemente de los ingresos que perciban, están obligados a declarar, así como aquellos que perciban el ingreso mínimo vital y deseen continuar recibiendo este apoyo.
Obligaciones fiscales de los autónomos
Los trabajadores autónomos tienen particularidades específicas en cuanto a la declaración de la renta. Independientemente de los ingresos que perciban durante el año, todos los autónomos están obligados a presentar la declaración de la renta. Esta obligatoriedad se aplica no solo a los ingresos por su actividad comercial o profesional, sino también incluye cualquier otra fuente de ingreso que puedan tener, como alquileres, inversiones o ganancias patrimoniales. Además, deben declarar no solo los ingresos brutos, sino que también pueden deducir los gastos necesarios y justificables vinculados directamente a su actividad económica, lo que puede incluir materiales, suministros, servicios profesionales, entre otros.
El sistema de módulos o estimación objetiva y la estimación directa son los dos métodos más comunes por los cuales los autónomos pueden determinar su rendimiento neto. La elección entre uno y otro dependerá de las características específicas de su actividad y de los límites de ingresos establecidos por la ley. Es importante que los autónomos lleven un registro detallado de todas sus operaciones financieras para justificar sus ingresos y gastos ante la Agencia Tributaria.
Personas que cobran el ingreso mínimo vital (IMV)
En cuanto a las personas que cobran el ingreso mínimo vital, aunque este ingreso está exento de IRPF, es necesario presentar la declaración de la renta para poder seguir percibiéndolo. La declaración debe realizarse incluso si no se tienen otros ingresos o estos son inferiores a los límites generales para la obligación de declarar. Esto es importante porque la presentación de la declaración de la renta permite a las autoridades fiscales verificar que los beneficiarios del IMV continúan cumpliendo con los criterios de elegibilidad para este apoyo. Además, la declaración de la renta debe presentarse de manera conjunta con todos los miembros de la unidad familiar, lo que facilita una evaluación completa de los ingresos del hogar.
La campaña de la declaración de la renta de 2024 presenta novedades importantes en cuanto a quiénes deben cumplir con este requisito fiscal. Quienes perciban ingresos por debajo de ciertos límites pueden estar exentos, a menos que reciban ingresos adicionales significativos. Los autónomos, sin embargo, enfrentan una obligación invariable de declarar, independientemente de sus ingresos. Asimismo, los beneficiarios del ingreso mínimo vital deben presentar declaración para verificar su elegibilidad continua. Este panorama refleja un esfuerzo por adaptar la política fiscal a la realidad económica y social de los contribuyentes.